GOBERNADOR JESÚS EGÜEZ PRESENTA LA AGENDA 50/50 COMO UNA RUTA HACIA MAYOR AUTONOMÍA Y DESARROLLO PARA EL BENI
GOBERNACIÓN DEL BENI Y CORREGIDORES ACUERDAN ACCIONES ANTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y EL DECRETO DE AUSTERIDAD
El gobernador del Beni, Jesús Egüez, junto al vicegobernador Juan Carlos Camacho y su gabinete, sostuvo una reunión institucional con los corregidores de los municipios del departamento y sus equipos técnicos, con el objetivo de fortalecer la coordinación territorial y abordar temas prioritarios para la gestión. Participaron el secretario General, Jorge Ribera; de Administración y Finanzas, Miguel Vargas; de Desarrollo Humano, Carlos Diego Vargas; de Planificación Integral para el Desarrollo, Jhonny Bello; de Justicia, Erick León Zuleta; la secretaria de Obras Públicas, Valeria Durán; y el secretario Campesino, Hugo Monasterio. La reunión contó con Nataly Bravo, presidenta de los corregimientos y corregidora de Trinidad; Dolly Noe, de Puerto Siles; Mirza Wilkrman, de Riberalta; Luz Marina Chávez, de Exaltación; Arnulfo Amabobo, de San Joaquín; Yolanda Rossel, de Santa Ana del Yacuma; Yesenia Rosendi, de San Javier; Carla Oliveira, de Magdalena; Antonio Calderón Gil, de Santa Rosa del Yacuma; Jesús Denis Rivera, de Rurrenabaque; Amadeo Choque, de San Borja; Adalid Zabala, de Loreto; Pedro Yubanure, de San Andrés; Edwin Román Durán, de San Ramón; Celia Guaguania, de San Ignacio de Moxos; Neila Velarde, de Huacaraje; y Franco Calle, de Reyes.
Durante el encuentro se analizaron la situación presupuestaria del departamento, la racionalización del personal y las medidas establecidas en el Decreto Departamental de Austeridad de la Gestión 2026, orientadas a optimizar el gasto público. Asimismo, se socializaron los alcances de la Agenda 50/50 y la Agenda 2042 como instrumentos para proyectar el desarrollo del Beni.
En ese marco, el secretario de Administración y Finanzas, Miguel Vargas, explicó que las medidas presupuestarias relacionadas con el personal no implican despidos, sino un cambio de partida destinado a garantizar la estabilidad económica de los trabajadores, además del compromiso de restablecer en la próxima gestión las condiciones laborales existentes antes de la decisión.